La incertidumbre de la comunidad trans en medio de la pandemia

Desde el pasado 25 de marzo Colombia entró en estado de aislamiento preventivo a causa del Coronavirus. La situación, que nos ha afectado a todos, tiene con especial preocupación a las trabajadoras sexuales trans, una población que, incluso en condiciones “normales”, aqueja de falta de acceso a salud, vivienda, alimentación y seguridad. El virus, como agravante de su situación, se sumó a un decreto discriminatorio como el del mal lamado ‘pico y género’. Hablamos con Alexandra Colmenares (Your Fantasy) y con dos representantes de organizaciones que trabajan para reducir el impacto de la crisis: Juli Salamanca (Red Comunitaria Trans) y Martin Montana (Corporación Calle 7 Colombia).

Por Alfred Lord // @AlfredLord

Alexandra Colmenares -Your Fantasy- tiene 22 años. Es trabajadora sexual del barrio Santafé desde hace 5 años, cuando abandonó su casa por problemas con su padre; un capítulo que está resuelto hoy en día. Después de las medidas de cuarentena tomadas por el Gobierno Nacional, los hoteles en el barrio Santafé cerraron y no ha podido trabajar. “Estamos aterrorizadas, no sabemos cómo vamos a sobrevivir, vivimos del día a día. Hay muchas chicas que no cuentan con ningún apoyo familiar o del estado. Hay chicas que no pagan diario, pero pagan mensual y están preocupadas por la deuda y por la comida. El trabajo sexual está estereotipado, se cree que somos un peligro y, al contrario, estamos en peligro constante”.

La violencia contra las trabajadoras sexuales trans es un tema histórico que se mantiene y que se ha incrementado con la pandemia. Sobre ellas ha recaído durante mucho tiempo no solo a la indiferencia, sino a la falta de atención de todas las entidades del Estado. El único escudo con el que han batallado por sus derechos es la organización sin ánimo de lucro, Red Comunitaria Trans, entidad creada hace casi una década y que se ha hecho cargo de las necesidades de la comunidad. Para resistir a la pandemia, la Red organizó un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales con el fin de conseguir donaciones dinero y mercado. Su meta es lograr que ellas se queden en sus habitaciones durante este período difícil.

“El trabajo que hacemos es de alto riego por el contacto persona a persona. Nos sentimos obligadas a exponernos al virus y a los abusos de la policía. Las venezolanas son más vulnerables, porque el estado y la sociedad no las han aceptado, siempre las corren. Y ahora, con todo lo que se ha dicho de la permanencia en el país, pero. Me parece injusto: hay chicas trans que ya llevan un año trabajando acá en Colombia, ellas hacen parte de la sociedad, es una situación que no reconoce que ante todo somos seres humanos”.

Alexandra vive con 10 chicas más en una casa cerca del cementerio central, donde todas pagan 20 mil pesos diarios. Entre todas, hablaron con la dueña de la casa para que les dé plazo con lo del arriendo. Aunque no deja de ser una época incierta, dedican su tiempo a cocinar y leer. Ella está escribiendo acerca de sus historias cotidianas y experiencias de vida. También está motivando al resto de las chicas para que escriban o aprovechen el tiempo. “No estamos de vacaciones, es un momento de unión. Hicimos un video hablando de tips para cuidarnos y prevenir el COVID-19”.

Juli Salamanca, de la Red Comunitaria Trans , es enfática en afirmar que hay una ausencia de respuestas por parte del Distrito ante la situación. Por eso se vieron en la tarea de crear un plan de contingencia y un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales. Mediante una convocatoria por redes invitaron a las personas a donar dinero y mercado para cubrir las necesidades de algunas de las chicas. La respuesta fue favorable y ya encaminaron brigadas entregando lo que recibieron. “Si la situación sigue así va a ser insostenible”, cuenta. “Las mujeres en el Santafé buscan a la Red porque no tienen una cercanía con el distrito o no conocen las rutas y por eso no acceden a los servicios. Pero la Red no tiene la capacidad de atender a toda la población”

Aunque la Corte Constitucional ha reconocido el trabajo sexual como un trabajo digno, el Ministerio de trabajo no lo ha regulado. Hoy, ante la emergencia, quienes lo ejercen no tienen acceso a justicia, salud, prestaciones sociales y ninguno de los beneficios que ampara, por ley, al trabajador. La llegada del COVID-19 visibilizó el abandono por parte del Estado a las personas que ejercen el trabajo sexual. “Ellas están a la deriva. Una de las estrategias del gobierno es entregarles condones, como si esa fuera la gran solución en este momento. O excluirlas en un sector de la ciudad”.

Según Juli, la entidad que debería estar al frente de esta problemática es La Secretaria de la Mujer, que es la rectora de la política pública de trabajo sexual en Bogotá. “Llevamos 16 días desde el simulacro de cuarentena y no han dicho ni una palabra dirigida a las trabajadoras sexuales y eso nos preocupa, que fortalezcan el discurso de que unas vidas valen más que otras. Hace dos semanas, cuando la Red Comunitaria Trans estaba entregando los subsidios en el barrio Santafé, a dos chicas trans las apuñalearon. Las instituciones encargadas no estaban presentes, no estaba la seguridad, no estaba integración social, no estaba la policía, a las chicas en el barrio no solo las va a matar el COVID-19, las está matando la indiferencia del Estado”.

Juli reflexiona un poco acerca de la nueva administración distrital, del impacto mediático de tener una mandataria que podría fortalecer el tema de diversidad e inclusión, y sobre la posible mejoría para toda la comunidad LGBTI+, pero hasta ahora, cuenta, las políticas son las mismas. “La alcaldesa Claudia López dijo que ninguna familia se va a quedar sin casa, ni comida, dando tanta tranquilidad. Eso es falso, ni siquiera tiene un plan de contingencia para trabajadoras sexuales. Lo que ha hecho es un plan de contingencia en redes muy bueno, pero la realidad es otra. Hace una semana desalojaron de sus viviendas en el Santafé a familias Emberas y a mujeres trans sin ningún control”.

“Lo que más nos preocupa es que La Secretaría de Integración Social nos dice que en las bases de datos de las instituciones van a dar cobertura a las personas que más necesitan, pero esta base no está articulada con las organizaciones sociales que están en el territorio. Para nadie es un secreto que la mayoría de las mujeres trans que ejercen trabajo sexual no están en las bases de datos del distrito. Por desconocimiento o porque han experimentado una situación de violencia y de no respeto, no se han interesado en acceder al sistema. Es importante que se articule todo con las organizaciones porque, si no, las ayudas no van a llegar. Las mujeres trans siguen saliendo a las calles a trabajar porque no van a tener con que pagar sus gastos diarios. Ya pudimos cubrir 250 mujeres trans en la primera brigada. Viene una jornada más, pero la preocupación es alta y sentimos que el Distrito está priorizando vidas”.

Las acciones de la Red Comunitaria Trans han motivado el trabajo de otras organizaciones como la Corporación Calle 7 Colombia , una organización de base comunitaria OBC, conformada por trabajadoras sexuales, mujeres, hombres, personas no binarias, cisgénero, trans e intersex con base territorial en el barrio 7 de agosto. Según Martín Montana, miembro de la corporación, el mayor problema es que muchas chicas y chicos no se encuentran censados. “La mayoría de ellas viven el paga diario [hoteles con habitación rentada por días, que pueden usar si pagan, de lo contrario se quedan en la calle]. A través de donaciones  hemos podido entregar ayudas y, en casos extremos, se le ha pagado una o dos noches a personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Pero no es fácil cubrirlas a todas. Algunas se mantienen con préstamos o con arreglos directos con los arrendadores”.

Martín no solo se queja de la poca respuesta del gobierno, a esto hay que sumarle, además, que las personas encargadas por el distrito para prestar atención suelen discriminar hacia las trabadoras sexuales. Hay una relación de no confianza.

Hasta el momento, la Secretaria de Integración Social, les ha donado 50 mercados a mujeres que son cabeza de hogar. El resto están llenando formularios de google docs y esperando el turno para recibir ayuda.  El pasado 3 de abril, la Corporación Calle 7 Colombia hizo un plantón frente a la Alcaldía Mayor para solicitar que el gobierno garantice una cuarentena con comida y techo. “Se llegó a un consenso, que desde las mismas organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales y, desde las mismas comunidades, se lleve a cabo un censo para que se materialice la ayuda humanitaria”

Acostumbradas a una lucha constante que las ha mantenido unidas, esta pandemia les demostró que la solidaridad es la única respuesta a la crisis. “El trabajo sexual siempre genera un debate y opiniones en la sociedad, pero tener tanto apoyo de la ciudadanía y las organizaciones de base comunitaria nos ha sorprendido. Son las organizaciones trans en los territorios las que están dando respuesta a las comunidades. Con recursos propios, con las uñas, para que la gente no se muera de hambre, no se contagie. Los movimientos sociales están dando respuesta a lo que el Estado no le interesa, es una prioridad salvar vidas”, concluye Juli Salamanca.

El anuncio del decreto 106, o el mal llamado “pico y género” en Bogotá, agudiza la escasa atención que tienen las personas LGBTIQ+. ¿Qué va a pasar con los que no han hecho cambio en sus documentos? ¿Qué va a pasar con una persona trans no binaria? ¿Qué va a pasar con una persona que está iniciando su proceso de transito? ¿Quién decidirá, y bajo qué criterios, quién puede salir? ¿La Policía?  Al tomar esta medida se desconoció, entre otros asuntos de representatividad, el hecho de que no todas las personas trans en Bogotá han accedido al cambio de nombre en sus documentos. ¿Se convertirá esto en un arma para la discriminación, la violencia y las sanciones?